La Comisión obliga a todos los países miembros a hacer cumplir las «Normas mínimas de eficiencia energética», normas mínimas para los propietarios de edificios. Los inmuebles que hoy pertenecen a la peor categoría G deben renovarse para que alcancen al menos la clase F. Los propietarios privados deben modernizar sus viviendas antes de 2030, y los edificios públicos antes de 2027. La nueva directiva afecta a cerca del 14% de las viviendas de la UE, 35 millones de inmuebles.
Un buen tercio de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa proceden del sector inmobiliario. En Alemania, por ejemplo, se verían afectados más edificios que en los Países Bajos, también porque aquí se utiliza sobre todo energía fósil. Alrededor del 50% de los sistemas de calefacción de Alemania funcionan con gas natural, y un tercio incluso con petróleo. En Alemania se ven afectadas unos tres millones de viviendas, que deberán dejar de utilizarse en dos fases a partir de 2030 y 2033. Casi un tercio de los edificios residenciales pertenecen a las peores clases de eficiencia G o H. En comparación, la clase H consume ocho veces más energía que la clase A+.
Pero la aplicación de esta directiva se enfrenta a grandes obstáculos. No hay suficientes trabajadores cualificados disponibles. Hay escasez de artesanos y mecánicos de planta para instalar bombas de calor. Ahora se tarda hasta cuatro meses en conseguir una cita con las empresas especializadas. Además, hay una falta de jóvenes en la construcción y una escasez flagrante de materiales. Hay muy poca madera, placas aislantes, materiales de construcción especiales y piezas de maquinaria.
En conclusión, los ambiciosos objetivos de la Comisión Europea podrían fracasar ante la realidad. Sabremos más en 2022.
